El Intendente de Río Gallegos dejó en suspenso la aplicación del Inciso C de la ordenanza que cobraba a los camiones que pasarán por la capital de Santa Cruz para llegar a Tierra del Fuego. Empresarios de Tierra del Fuego, con el respaldo de la Federación Económica, se presentaron el jueves a la justicia pidiendo una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad.
De esta manera el municipio decidió suspender la aplicación del inciso más polémico de la norma que se aprobó en el concejo deliberante a fines de diciembre. En un comunicado divulgado ayer, desde la comuna local se sostuvo que a partir del 1º de marzo –no obstante- se dará inicio al cobro de la tasa por introducción de mercadería en nuestra ciudad capital, tras haber concretado varias reuniones desde el 23 de diciembre, fecha en que fuera sancionada la ordenanza que modificara la cantidad de módulos, hasta estos días a efectos de informar, coordinar y dialogar con los diversos transportistas, empresas y cámaras.
“Ponemos en efecto suspensivo la aplicación de la cláusula C, si bien no nos notificaron nada desde la justicia”, indicó. “Vamos a seguir convocando a mesas de diálogo y espacios para seguir tratando de ponernos de acuerdo y escuchar a todas las voces como siempre”, agregó.
Esto significa que el municipio de Río Gallegos no cobrará el canon de 10 módulos a los camiones que pasen por Río Gallegos para llegar a Chile, Tierra del Fuego u otros destinos. Sí, en cambio, comenzará a aplicar el cobro para los transportes que ingresen mercaderías a esa ciudad capital.
El jueves la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas realizó una presentación legal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, pidiendo una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad y solicitaron con carácter de urgente el dictado de una medida cautelar.
El peaje que se buscaba cobrar también había generado inconvenientes internacionales, los camioneros magallánicos, quienes cuestionaron de manera tajante la decisión del Municipio de la capital provincial, calificándola de “unilateral, abusiva y antojadiza” y que “no responde a acuerdos bilaterales ni a la reciprocidad que debería existir en la relación de ambos países”.
Ante la judialización de la norma, las autoridades de Río gallegos decidieron poner en efecto suspensivo la aplicación de la cláusula C, si bien no nos notificaron nada desde la Justicia”, indicó a LOA el titular de Hacienda local. “Vamos a seguir convocando a mesas de diálogo y espacios para seguir tratando de ponernos de acuerdo y escuchar a todas las voces como siempre”, agregó.
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